Ante la información publicada el lunes 17 de noviembre en algunos medios de
comunicación.
Desde el momento en que se tuvo noticia fehaciente de la acusación
presentada ante la Santa Sede por un joven de Granada, de haber sufrido abusos
sexuales por parte de un grupo de sacerdotes de la diócesis, este arzobispado
ha seguido escrupulosamente el procedimiento previsto para estos casos por la
disciplina canónica, que está a disposición de todos en la Home Page de la
página web de la propia Santa Sede.
De acuerdo con esa praxis, se han seguido los trámites establecidos en la
misma para verificar si la mencionada acusación tenía verosimilitud. Apenas
llevada a cabo esa investigación preliminar, que no tiene aún carácter
judicial, este arzobispado impuso las medidas cautelares a los sacerdotes
directamente acusados de los abusos, retirándolos del ejercicio del ministerio
sacerdotal.
Igualmente remitió las conclusiones de la investigación a la Santa Sede. Al
mismo tiempo, y dado que el denunciante es hoy persona mayor de edad, y que por
tanto sólo él tenía capacidad para formular denuncia judicial, una vez se supo
que ésta había sido interpuesta, el arzobispado se puso a disposición de la
autoridad judicial para colaborar en lo que fuese necesario, lo que ha venido
haciendo hasta el momento.
El arzobispado, al igual que la multitud de fieles cristianos, es
consciente de que la inmensa mayoría de los sacerdotes vive ejemplarmente el
ejercicio de su ministerio, y dan un precioso testimonio, a veces heroico, de
entrega a Dios y a los hermanos. Al cuerpo entero de la Iglesia le hieren y le
duelen inmensamente que se puedan producir escándalos de esta naturaleza, cuya
certeza y alcance tendrá que determinar finalmente la autoridad judicial en la
investigación abierta.
En el tratamiento de este caso, la diócesis ha seguido estrictamente los
principios de la disciplina de la Iglesia, que son los siguientes:
1. Tolerancia cero con los abusos y con quienes los cometen.
2. Ayuda a las presuntas víctimas y, una vez probados los hechos, a las
víctimas si las hay.
3. Cooperación con las autoridades en el establecimiento de la verdad y la
justicia, de forma que estas conductas aberrantes, que la Iglesia rechaza y
condena, puedan evitarse y erradicarse.
Granada, 17 de noviembre de 2014
